La
Junta de Castilla y León condena al primer cortafuegos de nuestros
montes a la precariedad más
humillante
Castilla y León
es la CCAA más extensa de España
y cuenta con 4.8 millones de
hectáreas de naturaleza
forestal
y de estas 2,9 millones de
hectáreas son zonas con arbolado.
La protección
de esta ingente riqueza forestal inicialmente parece unos de los
principales objetivos de la
Administración de C y L. Pero
los primeros medios propios de C y L, en actuar ante un posible
incendio forestal, unos 164
Puestos de Vigilancia y 94
Vehículos Autobomba, están degradándose a pasos forzados.
Precisamente los Puestos
de Vigilancia y Vehículos Autobomba son los primeros cortafuegos
para proteger las masas forestales: los trabajadores de los Puestos
de Vigilancia, en C y L alrededor de 340
trabajadores, son los que
habitualmente dan el aviso inicial de un foco de incendio y los
vehículos Autobomba, manejados por 376 trabajadores, son los
primeros en acudir a su extinción.
Se calcula que aproximadamente en un 95
% de los incendios forestales se produce la extinción de los mismos
con la actuación de estos dos
grupos de trabajadores públicos.
Sin embargo la Junta
de Castilla y León demuestra una total falta de interés hacia estos
trabajadores cuyas condiciones
laborales son absolutamente lamentables.
Según han podido comprobar los Delegados
de Prevención de CGT
en el Comité de Seguridad y Salud de la Delegación Territorial de
La Junta de C y L en Burgos,
tras las visitas de los 28
puestos de Vigilancia y 4 vehículos Autobomba
de esta provincia (hay 9 de estos vehículos en Burgos) y que,
posteriormente, han podido constatar que esta situación se hace
extensiva al resto de provincias:
La Junta
de C y L incumple la mayoría de las medidas preventivas y
conclusiones de las Evaluaciones de Riesgos Laborales
de los puestos de trabajo,
poniendo en peligro en algunos casos la
propia integridad física de
los trabajadores: caminos
inaccesibles a su puesto de
trabajo, cables de pararrayos en
contacto con las estructuras metálicas,
escaleras de acceso
al instrumental de geolocalización convertidas
en trampas mortales, pasamanos
y barandillas convertidas en cuchillas…,
y en los vehículos autobomba:
falta de plataformas anticaidas,
barandillas plegables de
protección, mantenimiento
inadecuado de los vehículos,
no dependencias físicas en los lugares de apostamiento (se pasan la
mayor parte de la jornada en la cabina del vehículo), equipos
de protección inadecuados…
Los edificios o medios donde desarrollan
estos trabajadores sus cometidos no tienen ningún
tipo de mantenimiento: muchas
de las infraestructuras de los puestos de vigilancia no han tenido
ni una mínima reforma o reparación desde su construcción, en
algunos casos hablamos de más
de 60 años. Las propias
estructuras metálicas
corren peligro de colapso por la
podredumbre y la corrosión de
muchas de ellas e incluso los cables
de sujeción de las torretas no
cumplen su función, con una evidente
probabilidad de accidente grave.
El grado de precariedad llega hasta el
punto de que muchos de los centros de trabajo no
disponen ni tan si quiera de un baño
para realizar necesidades fisiológicas, ni la adecuada protección
contra las inclemencias climatológicas: con humedades
en techumbres y suelos,
ausencia de barreras frente a
los rayos solares, botequín sin cremas solares y anti insectos…
Otro dato muy importante de la poca
importancia que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente da a estos
puestos de trabajo y que oculta a
la opinión pública es que no sustituye a los trabajadores:
si uno de estos trabajadores está de baja, disfruta de los días de
vacaciones o no puede acudir a su puesto de trabajo, ese Puesto de
Vigilancia o Vehículo Autobomba no estará operativo, hasta la
incorporación de ese trabajador al mismo.
Esperemos que este colectivo de empleados
públicos, ya muy precarizados, no sea el nuevo
objetivo de una próxima privatización,
como ya privatizados: 211 vehículos autobomba, 202 cuadrillas
terrestres y helitransportadas, 28 retenes de maquinaria y los 31
medios aéreos.
Se ha presentado en la Inspección
de Trabajo en Burgos, al Comité
de Seguridad y Salud de la Delegación Territorial de la Junta de C y
L en Burgos y a la Consejería
de Fomento y Medio Ambiente,
lo siguientes domentos, así como la solicitud de la subsanación de todas las deficiencias: