CONCENTRACIÓN EN LA SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN BURGOS
Jueves 28 de FEBRERO de 2013 de 19:00 a 19:30 horas
Las Juntas de Personal y Comités de Empresa de Empleados Públicos de Burgos y Provincia, ante los recortes que tanto el Gobierno central como el Gobierno de Castilla y León y las Administraciones Locales y Provinciales de Burgos están Realizando en los servicios públicos,
MANIFESTAMOS
- • En los últimos cuatro años, desde el comienzo de esta profunda crisis económica, financiera y social, los empleados públicos hemos sufrido una espiral creciente de
- recortes. En este último año, dichos recortes han alcanzado niveles alarmantes que afectan ya directamente a la calidad de los Servicios Públicos que prestamos a
- la ciudadanía y por ende a su calidad de vida y a sus derechos. Nuestro país, que disfrutó en las pasadas décadas de un sistema de garantías sociales denominado
- Estado del Bienestar en cuyo marco alcanzábamos niveles ejemplares de calidad en los Servicios Públicos, se ve sometido hoy a unos recortes sin precedentes y a un
- ataque indiscriminado a los derechos de los Empleados Públicos, que tiene como consecuencia directa una reducción de la diversidad, la calidad y la cantidad de los
- servicios que se prestan a la ciudadanía. Esta situación nos está haciendo retroceder a las condiciones sociales de décadas que nadie pensó volver a recordar.
- • Los servicios públicos no han sido la causa de la crisis económica ni esta se superará con su progresiva supresión y privatización. Las prestaciones públicas nunca son
- discriminatorias, son universales, lo que no se puede decir de lo privado.
- • Los empleados públicos no hemos sido culpables del derroche realizado por muchas administraciones: descontrol en los gastos, aumento desorbitado del personal de confianza, irresponsabilidad de determinados políticos...
- • Los empleados públicos hemos perdido más de un 38 % de poder adquisitivo en los tres últimos años, a causa de varias reducciones salariales y la supresión de la
- paga extraordinaria de diciembre de 2012. Por otra parte, es preciso recordar que aunque se ha vendido por los políticos de turno y el Gobierno como un privilegio,
- los días de permiso que desaparecen en 2013, no eran otra cosa que compensación por el dinero que se dejo de percibir en las Administraciones Públicas durante muchos años, cuando al resto de los trabajadores se les subía generosamente su sueldo; es decir no era privilegio alguno.
- • El despido de miles de empleados públicos, la práctica congelación de las ofertas de empleo público, ponen en grave riesgo las condiciones laborales y la calidad de los servicios públicos. Esto implica un deterioro progresivo y grave de la sanidad, educación, justicia, etc. Pilares del bienestar social.
- • Quieren privatizarlo todo y con nuestros impuestos obtener beneficios privados con detrimento del interés general.
EXIGIMOS
La derogación de todas las disposiciones adoptadas hasta el momento en materia de recortes de las condiciones laborales, retributivas y sociales de los empleados públicos, procediendo asimismo al abono de la paga extraordinaria de diciembre de 2012.
Reducción de la publicidad institucional, de los gastos de protocolo, de los coches oficiales, así como la eliminación de los privilegios políticos (por ejemplo, las cesantías y pensiones) y de las "embajadas" autonómicas en el extranjero.
Que los políticos (presidentes, ministros, consejeros, alcaldes, concejales y demás altos cargos), QUE NO SON EMPLEADOS PÚBLICOS, se rijan por similares tablas salariales, jornada de trabajo y obligaciones que los empleados públicos.
La desaparición de todas las empresas, entes públicos y todos aquellos servicios públicos externalizados para que sean prestados por los empleados públicos destinados en las distintas administraciones.
Una fiscalidad realmente progresiva y equitativa, pues el verdadero problema de nuestro país no es el del gasto público, sino el de los ingresos mermados sistemáticamente por una economía sumergida y un fraude fiscal muy por encima del existente en la Unión Europea y por una legislación que ampara, fomenta y amnistía dicho fraude, que se localiza fundamentalmente en las grandes fortunas y en las grandes empresas.
Pedimos a los tres poderes del Estado que se persiga sin tregua la corrupción existente e inaguantable en un Estado que se hace llamar democrático y de derecho.
Exigimos el mantenimiento de unos servicios públicos de calidad, diciendo NO a la privatización que, está suficientemente demostrado, no mejora el servicio y únicamente mira, como es lógico, la ganancia del capital invertido.
No podemos prescindir de los servicios públicos a los cuales únicamente se ha de acceder por los principios de publicidad, mérito y capacidad. CUANDO MAYOR BIENESTAR SOCIAL EXISTE ES CUANDO FUNCIONAN CORRECTAMENTE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. No podemos dejar lo público en especulativas e interesadas manos privadas.
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