Tras cuatro meses de aplicación de la Reforma Laboral por la que fuimos a la Huelga General el 29 de septiembre, el desempleo en el mes de octubre aumentó en 70.000 personas, lo que supone más de 4,5 millones de personas en el paro. También ha aumentado el número de contratos temporales, justo lo contrario de lo que argumentó por el Gobierno del PSOE para imponer la Reforma Laboral.
Con estos datos encima de la mesa, se ha producido un cambio de gobierno en una clara estrategia mediática de maquillaje electoralista, para seguir manipulando a toda la población y hacer pedagogía política sobre las ventajas de todas las medidas antisociales puestas en marcha. Como si las personas trabajadoras, pensionistas, desempleadas, jóvenes o migrantes fuéramos idiotas y no comprendiéramos que el Plan de Ajuste, la Reforma Laboral y de las Pensiones sólo sirve para seguir haciendo más ricos a los ricos y que la crisis la paguemos los de siempre.
Ante este panorama de injusticia social, los llamados "interlocutores sociales o sindicatos institucionales" aceptan el juego de volver a las mesas de negociación, no recogiendo el clamor contundente de las calles del 29 de septiembre, clamor por continuar la lucha, convocar nuevas huelgas generales... hasta conseguir cambiar la política económica y antisocial del gobierno. Por su parte, estos sindicatos se están limitando a plantear una serie de actuaciones descafeinadas, insuficientes, tendentes a la desmovilización y sumisión de las clases más desfavorecidas y afectadas por la crisis.
Para la CGT, las respuestas pasan necesariamente por la ocupación de la calle y la movilización social, ahora más necesarias que nunca, ante los próximos recortes sociales. 
La privatización encubierta del Nuevo Hospital de Burgos no sería posible sin la cobertura legal que le otorga a la gestión privada la Ley 15/97 de cuya vigencia hacemos responsable al PSOE, partido actualmente en el Gobierno y que no asume sus responsabilidades.
El PSOE votó a favor de la Ley 15/97 (votos a favor PP, PSOE, CC, CiU, PNV. Votos en contra IU, BNG) y que, posteriormente, aún disfrutando de mayoría en el Parlamento, no la ha derogado.
La Ley General de Sanidad (LGS) no e stablecía la posibilidad de la gestión privada ni much o menos la entrada de las empresas privadas con ánimo de lucro en la sanidad pública. Esta posibilidad se implantó mediante la Ley 15/97, que "amplía" las posibilidades de gestión, posibilitando la entrada en la sanidad pública de las empresas con ánimo de lucro.
La actuación del Gobierno del PP en Castilla y León, empleando el Nuevo Hospital de Burgos como experimento de la gestión privada de la Sanidad pública, es posible gracias a que la legislación básica estatal en materia sanitaria es la Ley 15/97 que ha posibilitado la aplicación de formas de gestión privada en los servicios sanitarios transferidos a las Comunidades (siendo especialmente sangrante el caso de Madrid, auténtico laboratorio neolibera l en la materia).
No obstante, si el PSOE estimara que lo perverso no es la Ley, sino la utilización que el PP está haciendo de ella ¿cómo se explica que en los años que van transcurridos no lo haya denunciado ante los Tribunales o haya propuesto su modificación o derogación parlamentaria?
Desde la CGT, siempre se ha denunciado el modelo de gestión público-privado, como un grave peligro para la calidad de la sanidad pública, como la experiencia, lamentablemente, ha venido demostrando a los trabajadores y usuarios de los lugares donde dicho modelo se ha implantado, resultando en un claro empeoramiento de las condiciones laborales, sanitarias y asistenciales, abriendo la puerta a la mercantilización de nuestra salud, engordando los bolsillos de los de siempre, a costa de la salud y la vida de todos.
Exigimos al Gobierno del PSOE la inmediata derogación de la Ley 15/97 y a sus responsables en Castilla y León y Burgos el firme compromiso con el rescate público del Nuevo Hospital de Burgos.
CONCENTRACIÓN Y REPARTO DE PROPAGANDA ANTE LA SEDE PROVINCIAL DEL PSOE
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