Desde
CGT venimos denunciando la excesiva dificultad de la prueba práctica
de la primera fase del concurso-oposición
al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria en Castilla y León
que tuvo lugar el pasado 23 de junio.
Han
sido numerosas las especialidades en las que esta prueba práctica ha
sido extremadamente complicada, incluso no ajustándose en
ocasiones al temario, de tal manera que dudamos que los propios
miembros de los tribunales hubieran sido capaces de resolverla en el
tiempo establecido, pues también ha ocurrido que en muchos casos era
imposible de completar en el tiempo dado.
Como
resultado, apenas un pequeño porcentaje de todo el personal
aspirante está pasando a la segunda parte de la oposición, de tal
manera que ya en algunas especialidades el número de aspirantes que
pasan a esta
segunda parte es menor que
las plazas a cubrir, como por ejemplo en Matemáticas donde ya es
seguro que quedarán desiertas casi dos terceras partes de las plazas
o en Física y Química, donde pasará lo mismo con un tercio
de las plazas. Pero estas cifras serán
finalmente mucho mayores,
pues las personas opositoras que han llegado hasta aquí deberán
ahora superar la segunda fase de la oposición. Por tanto, finalmente
serán muchas las especialidades donde queden sin cubrirse un número
significativo de las plazas. Y esto no se debe a la preparación de
las personas opositoras, pues entre quienes
concurren a las oposiciones está el 30%
del profesorado que trabajando en régimen de interinidad hace que
nuestra comunidad autónoma esté a la cabeza de los resultados en
las pruebas PISA.
No
es casualidad que esto haya ocurrido en la mayor parte de las
especialidades, ni tampoco es casualidad que estas mismas quejas se
esté produciendo en otras CCAA, por lo que desde CGT denunciamos que
existe una clara intencionalidad de incumplir el acuerdo que el
Gobierno del PP y los sindicatos mayoritarios firmaron para reducir
la tasa de interinidad al 8%, tras las sentencias y llamamientos que
se han venido haciendo desde la UE, calificando de fraude de ley las
elevadas tasas de interinidad en torno al 30% en la función pública.