El
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León advierte a la
Universidad de Burgos que la contratación temporal sólo es para
necesidades provisionales.
El
Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León ha
ratificado la sentencia del Juzgado
de lo Social nº2 de Burgos que
resolvió
improcedente el despido de una Profesora Asociada de la Universidad
de Burgos, y dada su condición
de represente legal de las trabajadoras
de la Universidad
de Burgos, deberá
ser readmitida.
Este hecho pone de relieve, una vez más, las condiciones de precariedad en la que se encuentran los Profesores Asociados, los cuales suponen una cuarta parte del personal docente de las universidades españolas (un 40% en la Universidad de Burgos).
En los últimos años, y debido sobre todo a las políticas de austeridad, ha existido un incremento de contratos como Profesor Asociado, en gran parte haciendo mal uso de la finalidad de dichos contratos, con el fin de abaratar los gastos para cubrir las necesidades docentes en las universidades (comúnmente denominados “falsos asociados”). Estos contratos responden a una política de precariedad cuyo objetivo es tener mano de obra barata. Especialistas con una preparación del más alto nivel trabajando hasta por 5 euros la hora. A lo anterior hay que sumar que el Profesor Asociado sufre la utilización fraudulenta de la contratación temporal por parte de las Universidades, contradiciendo sentencias del Tribunal Europeo, que señalan que dichos contratos se encuentran en fraude de ley por no ser indefinidos.
Esta figura es considerada, de forma habitual, como trabajo eventual, si bien se renueva año a año dependiendo de las necesidades docentes, no llegando a tener carácter indefinido nunca. Estamos hablando de profesores asociados que de manera “eventual” llevan más de 10 años dando clase ininterrumpidamente.
El 42% del profesorado de la Universidad de Burgos (UBU) se encuentra contratado bajo la figura de Profesor Asociado. Las características de este contrato: temporalidad, al haber sido considerado como eventual por la UBU y salarios sustancialmente inferiores a los de sus compañeros (la mitad por la misma actividad docente), generan una gran incertidumbre y precariedad en las personas que están bajo esta figura.
Durante el último año se han registrado numerosas movilizaciones por todo el estado, reclamando el reconocimiento pleno de derechos sociales y laborales: derecho a promoción académica, estabilidad laboral y una remuneración salarial justa y digna. Tras la defensa ejercida por la asesoría jurídica del sindicato CGT, esta sentencia, que reconoce el carácter indefinido de una profesora asociada de la Universidad de Burgos, supone un referente a nivel local y nacional de gran relevancia.
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