La mujer del director del centro público, que está contratada por
Tragsa, además es la directora técnica de un laboratorio privado / Los
funcionarios del colectivo y el Procurador del Común reclaman desde hace
meses a la Junta que responda sus denuncias
El movimiento de funcionarios Viernes Negro de Burgos, que lleva años denunciando distintas irregularidades en el Laboratorio Agrario Regional de Burgos, ha puesto ahora en conocimiento del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, las “claras conexiones” que existen entre el citado laboratorio público y el laboratorio privado Agroambiental de Castilla y León.
El Laboratorio Regional de Burgos tiene, entre otras acreditaciones, la realización de técnicas analíticas en piensos y cereales, en residuos de plaguicidas y antibióticos y en fertilizantes y suelo. El laboratorio fue ampliado en el año 2009, estando el edificio nuevo vacío, desde 2010, sin mobiliario y sin ningún uso práctico.
Pese a ello, según la nueva denuncia de los funcionarios, “trabajadores del Laboratorio Agrario Regional de Burgos han participado en el montaje del laboratorio privado” y, lo que es más llamativo, “la trabajadora externa N.B.A. (esposa del actual Director Técnico del Laboratorio Agrario Regional) contratada a través de la empresa TRAGSA en la empresa pública, es la Directora Teécnica del laboratorio privado Laboratorio Agroambiental de Castilla y León, como así figura en correos, boletines de análisis y en el dominio del citado laboratorio privado”.
Viernes Negro señala que “el correo electrónico que figura como contacto en el Dominio del laboratorio privado se corresponde con el correo asignado por la Junta de Castilla y León a Alberto Álamo Gómez para el desempeño de sus funciones como empleado público y está adscrito a la persona de contacto del laboratorio privado N.B.A.”. “Durante la jornada laboral, bien ella o él estarán atendiendo a los posibles clientes del laboratorio privado, dado que según figura en su página web, el horario de apertura del es de 8 a 15 horas, horario coincidente con la del Laboratorio Público. Por lo que se supone que están utilizando medios públicos en favor de empresas privadas”, afirma el colectivo de funcionarios.
La mujer del director técnico del laboratorio es una de las dos personas externas trabajando en el laboratorio, contratadas a través de la empresa Tragsa, “que hacen funciones propias de los empleados públicos y no solamente de asistencia técnica”, denuncian antes de señalar que “lo escandaloso es que se contratan a dos trabajadoras externas existiendo, en ese momento y actualmente, en la plantilla de este Laboratorio tres plazas del Cuerpo Facultativo Superior y una del Cuerpo de Técnicos Medios sin cubrir, además de que no resulta necesario la contratación de personal de apoyo, dado que la carga de trabajo no llega a un tercio de su capacidad total”.
Además, en su nueva de denuncia Viernes Negro deja claro que “no cree en las casualidades y cree que en el Gobierno de Castilla y León, casi siempre se cumple el refrán ‘Piensa mal y acertarás’, y plantea distintas cuestiones como la referida a que el contrato de construcción de la ampliación del Laboratorio Agrario Regional de Burgos recayó en la empresa Constructora Hispánica: “¿La Junta sabía que esta empresa estaba implicada en la trama corrupta “Gürtel”?”.
“Las oficinas donde se ubica el Laboratorio Agroambiental de Castilla y León (Lacyl), y que tiene presuntamente oscuras conexiones con el laboratorio Agrario Regional de Burgos, están en el mismo edificio donde tenía la sede la mencionada Constructora Hispánica, ¿es casualidad o existe alguna conexión de este laboratorio con la mencionada empresa? La adquisición en el año 2015 de dos equipos por un importe de 240.000 €, ¿está justificada y motivada técnicamente, teniendo en cuenta que este laboratorio está trabajando a un tercio de su capacidad?, ¿puede ser una excusa para mantener a las dos trabajadoras externas de la empresa Tragsa, pese al ERE que se está llevando a cabo en la mencionada empresa?”, acaban preguntándose los funcionarios.
Pese a las reiteradas denuncias de los funcionarios y distintos requerimientos de información formulados por el Procurador del Común, la Consejería de Agricultura y Ganadería y la propia Junta de Castilla y León, guardan silencio sobre este asunto.
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