Desde la Plataforma por la Escuela Pública, Laica y Gratuita de Burgos, de la que CGT forma parte, se continúa con la campaña de concentraciones en aquellos centros educativos en los que la Administración no sustituye al profesorado de baja o con permiso.
La segunda de estas concentraciones tendrá lugar este jueves 19 de febrero a las 11:45 de la mañana a las puertas del CEIP Claudio Sánchez Albornoz.
Esta campaña, iniciada el jueves 5 de febrero frente al IES Diego de Siloé, tiene como objetivo denunciar ante la opinión pública y ante la ciudadanía burgalesa la política educativa que, desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, prohíbe sustituir al profesorado de baja hasta que no han transcurrido dos semanas, con lo que se está vulnerando el derecho a la educación del alumnado. Considerar que no sustituir a un docente no va a repercutir en la formación del alumnado y en el adecuado funcionamiento del centro es no respetar la inteligencia de la ciudadanía.
También queremos dejar en evidencia la responsabilidad de las autoridades educativas locales, que se escudan en este Decreto-ley para justificar lo que ya antes venían practicando: el retraso de hasta dos semanas a la hora de cubrir al profesorado de baja o con algún tipo de permiso laboral. Además, sabemos que la Dirección Provincial de Educación de Burgos tiene más margen de maniobra del que nos quiere hacer creer, ya que en determinadas ocasiones excepcionales, especialmente cuando la dirección de centro educativo ha sido insistente, las ausencias del profesorado han sido cubiertas antes de las dos semanas.
A pesar de la imagen de normalidad que las autoridades educativas quieren mostrarnos, la realidad es que los recortes en educación continúan y esta no sustitución del profesorado desde los primeros días de ausencia es una prueba manifiesta de ello. Si estamos saliendo de la crisis, como ahora se nos repite continuamente, buen momento es ahora para retirar este Decreto y garantizar el derecho a la educación del alumnado.
Esta campaña se está promoviendo también desde las Plataformas Estatal y Regional en defensa de la Escuela Pública.
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