El 15 de diciembre se dio a conocer la resolución de la convocatoria para la selección de proyectos Aula-Empresa Castilla y León, que se
desarrollarán en centros docentes públicos de esta Comunidad durante el
curso 2014/15. Estos proyectos están financiados por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte y cofinanciados por el Fondo Social
Europeo. En esta época de absoluta sequía presupuestaria para los Ciclos
Formativos, son acogidos por muchos docentes como vía de financiación
alternativa para los ciclos que imparten. Esta situación de desamparo
era denunciada por CGT en un comunicado anterior. Ahora denunciamos las
condiciones en las que estos proyectos Aula-Empresa son otorgados.
La convocatoria se hizo pública con fecha de 3 de octubre, finalizando el plazo de presentación de los proyectos el 10 de noviembre. A partir de este momento la administración disponía de un plazo de 2 meses para resolver la convocatoria y publicar la resolución. Finalmente la resolución se hizo pública el 15 de diciembre.
Según el artículo
10 de la Orden EDU/825/2014, por la que se realiza la correspondiente
convocatoria, “Solamente serán financiables con los fondos de esta
convocatoria las actividades que se encuentren efectivamente realizadas y
pagadas entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2014, sin perjuicio
de que las actividades realizadas con posterioridad a dicha fecha
puedan ser sufragadas por el centro docente con otras fuentes de
financiación.”
Por otro lado, según esa misma convocatoria, la
duración de los proyectos comprenderá la totalidad o parte del curso
académico, pudiendo además extenderse durante cursos posteriores. Sin
embargo el plazo transcurrido entre la resolución y la fecha límite de
realización y pago de gastos elegibles (31 de diciembre) hace imposible
la realización planificada y racional de la totalidad de los gastos
necesarios para los programas aprobados.
En consecuencia, gran
parte de esos gastos deben ser sufragados por los centros educativos. Y
con los recortes presupuestarios de años pasados y el incremento del
alumnado (un 40% desde el curso 2008-2009 en la provincia de Burgos), la
financiación de dichos gastos les resulta difícil o impracticable.
En
CGT no nos limitamos a denunciar esta situación, sino que exigimos que
en futuras convocatorias se ponga remedio a esta situación ampliando la
fecha límite de justificación hasta la finalización del proyecto,
buscando una solución técnica al cierre del año fiscal; o en su defecto,
adelantando sustancialmente la convocatoria y por tanto su resolución.
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