Las familias que firmaron el “no consentimiento” a la realización de las
pruebas fueron muchas, según los datos facilitados por las asociaciones
de padres y madres, datos que no coincidentes con los facilitados por
la Administración. Según la Administración regional, tan solo 24 alumnos
y alumnas no han realizado la prueba en la Comunidad: 2 en Ávila; 3 en
León, 5 en Soria y 14 en Zamora. Sin embargo, tenemos constancia de
muchos más casos de objeción que los proporcionados por la
Administración. En Palencia capital se
registraron 21 casos, en
Burgos al menos 16 y en Ávila se sumaron otros dos casos en el segundo
día de la prueba. En Segovia en un único colegio rural se registraron 19
escritos contra las “revalidas” de sexto y finalmente fueron 6 quienes
no la hicieron; y en otro centro de la capital 4 escritos consiguieron
paralizar la prueba de esos alumnos. Y con total seguridad estos no son
todos los casos, pues no disponemos de datos de todas las provincias ni
todas las familias objetoras se han puesto en contacto con las
asociaciones de madres y
padres.
De hecho, los datos publicados
dentro de las notas de prensa del Gobierno Autonómico, no pueden ser de
ningún modo los reales, ya que el profesorado tenía hasta el viernes 13
de mayo para hacer llegar las incidencias. Además hay colegios en los
que todavía no se ha realizado la prueba, ya que tienen de plazo hasta
el día 20 de mayo para hacerlas, opción que se dio a los centros si
justificaban debidamente que no podían llevarlas a cabo en las fechas
marcadas por la Consejería de Educación.
Además de la falsedad de
datos, desde CGT denunciamos la presión ejercida por la Administración
sobre las familias. En la hoja de incidencias de obligatorio
cumplimiento por examinador y clase examinada, se contemplan varios
motivos por los que el alumno o alumna no realiza la prueba: ausencia,
indisposición, decisión familiar, enfermedad. Si la decisión familiar se
considera una razón para no realizar esta prueba en la propia
documentación oficial de la Administración, no entendemos por qué se
intentó por todos los medios obstaculizar y poner trabas a las familias
objetoras, no respetando su decisión y el derecho que todos y todas
tenemos a manifestar nuestro desacuerdo ante unas pruebas que
consideramos antipedagógicas, segregadoras e injustas.
En cuanto a
las formas de proceder con el alumnado que entregaron el escrito de
objeción a la prueba, fueron muy variadas: hubo profesorado que respetó
la decisión familiar y les retiraron el examen; otros, por el contrario,
sometieron a un marcaje al alumnado y a las familias objetoras,
llegando incluso a obligarles a la realización de la misma.
Por todo
lo anteriormente descrito, CGT denuncia la manipulación de datos y la
vulneración de derechos de las familias objetoras, en un proceso
innecesario, que carece de equidad, transparencia y está muy alejado de
su “pretendida” finalidad educativa.
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